El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo Real Decreto-ley encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación. El objetivo del texto, entre otros, es implantar las medidas acordadas con el sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte. El RDL, que se aprueba en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El texto aprobado refuerza la posición del transportista efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales. Asimismo, se habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 millones de euros, replicando las ya establecidas el pasado mes de marzo por el RD-Ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión a los autobuses urbanos.
El texto, además, recoge medidas de apoyo económico al transporte terrestre y fomento del transporte público y otras de índole técnico y de seguridad en el ámbito marítimo y aéreo, que garanticen una mejor calidad de servicio a los usuarios del transporte, y permitan mejorar la seguridad de tripulaciones y pasajeros.
Este nuevo texto legal recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.
Además, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre Mitma y el sector establecido en el RD-Ley 3/2022 recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información.
Adicionalmente, se recoge la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de todas las medidas implantadas, presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.
Este Real Decreto-ley recoge un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros debido a la alta dependencia del precio del combustible de este sector estratégico.
La línea, dotada con más de 450 millones de euros, se distribuirá por número y tipo de vehículo como sigue:
Las ayudas a los autobuses urbanos es una de las novedades de este Real Decreto-ley respecto al paquete aprobado en marzo y se dirige a las empresas que presten servicios públicos colectivos urbanos o suburbanos. De los más de 450 millones de euros, se reservan 12 millones de euros para este tipo de vehículos. Otra de las novedades es que los taxis con licencia para operar en Ceuta y Melilla también podrán optar a los fondos. En cuanto al transporte ferroviario, se destinará un máximo de 1,9 millones de euros a empresas públicas y privadas.
La ayuda acordada se concederá antes del 31 de diciembre de 2022, respetando en todo caso las Decisiones aprobadas de conformidad con el Marco Temporal Europeo Ucrania y sus sucesivas modificaciones.
La aprobación de este Real Decreto-ley confirma el compromiso del Gobierno con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales, que se suman a las ya aprobadas, para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando la posición y competitividad de este sector y garantizando las condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores.
La implantación de estas cuestiones se planteaba a través de un proyecto de ley con dos objetivos principales: asegurar una rentabilidad mínima del trabajo en el sector y una utilización justa de la subcontratación.
En este sentido, el acuerdo alcanzado en su momento determinaba presentar el proyecto de ley antes del 31 de julio, pero dada la importancia del mismo, la situación derivada de la guerra de Ucrania y su afectación al sector del transporte, y muy especialmente la propia petición expresa del Comité en este sentido, el gobierno ha decidido tramitarlo de forma urgente en forma de Real Decreto Ley, aprobado hoy en Consejo de Ministros.
Ante la evolución de la evolución de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, el Real Decreto Ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones (uso mascarillas, toma de temperatura, distancia en las colas para los controles). Con esta modificación se siguen los pasos de los países de nuestro entorno, equiparando el tratamiento de los pasajeros en nuestros aeropuertos al del resto de la UE, eliminando trabas y potenciando la competitividad de nuestros sectores de transporte y turismo. Las medidas fueron adoptadas por Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Aviación (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).
Asimismo, se establece la posibilidad de que Aena SME S.A. pueda realizar una revisión de extraordinaria precios en sus contratos de obra, a fin de evitar retrasos en las inversiones. Los mayores costes de las obras se imputarán en el tercer DORA 2027-2031.
El texto también prevé la participación de Aena SME S.A. en la instalación de puestos de control fronterizos automatizados y la contratación de servicio de apoyo para responder con el mejor servicio a la aplicación del Reglamento (UE) 2017/2226, que fortalecerá el control de nuestras fronteras y permitirá prevenir, detectar e investigar mejor los delitos de terrorismo y otros delitos graves.
En materia de transporte marítimo se abordan dos cuestiones que guardan relación con la invasión rusa de Ucrania.
La primera se sitúa en la línea de apoyo a los ciudadanos ucranianos, que consiste en exceptuar para los marinos ucranianos las limitaciones en materia de nacionalidad de las dotaciones. Esta medida proporciona a los ucranianos el mismo tratamiento que a los nacionales españoles o de otro país del Espacio Económico Europeo.
Este reconocimiento tiene un carácter coyuntural y permite dar continuidad a los contratos temporales que habían celebrado estos marinos enrolados en buques mercantes de bandera española, en la línea que ya comenzó con el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo. La nueva medida, además, normaliza la presencia en buques españoles de marinos ucranianos al entender que cumplen con los requisitos de nacionalidad de las dotaciones de los buques exigidos por la normativa española.
La segunda medida permite que las empresas navieras españolas puedan contratar servicios de seguridad privada que aseguren su protección cuando naveguen por aguas con riesgo de cometerse actos de piratería y puedan prevenirlos por efecto de la disuasión o la repulsión.
Añadido a todo lo anterior, el Real Decreto Ley también permite que las bonificaciones al transporte de mercancías destinadas a las empresas industriales de Baleares, en diversos sectores preferentes, gestionadas actualmente entre Mitma y la Delegación del Gobierno en Baleares, se acoja al marco temporal asociado a la crisis en Ucrania, de manera que se permite flexibilizar los límites de subvención durante el presente año por encima de los actuales límites establecidos por la normativa europea denominada “de minimis”.