El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 3,6 millones de euros (IVA incluido) un contrato de servicios, dividido en tres lotes, para realizar la auscultación de las características superficiales de los pavimentos en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado (RCE).
La auscultación se hará midiendo el coeficiente de rozamiento transversal (CRT), relacionado con la resistencia al deslizamiento, mediante un equipo de Control de Adherencia sobre Pavimentos Mojados (SCRIM), que consta de un camión equipado con una cisterna de agua, provisto de una rueda lisa de ensayo, colocada en su lado derecho, de forma que la medida se lleva a cabo en la parte de la calzada más solicitada por el tráfico.
Los trabajos de auscultación se realizarán en un total de 124.500 km de longitud, en las carreteras y tramos que designe el director del contrato.
Con la obtención de estos datos, la Dirección General de Carreteras del Ministerio actualizará su sistema de gestión de firmes, que permite aplicar los principios de eficacia y eficiencia en el empleo de recursos destinados a la mejora de las características superficiales de los firmes, a través de actuaciones de conservación.
El contrato entronca también en la línea impulsada por el Ministerio de incrementar la dedicación presupuestaria al capítulo de conservación y mantenimiento de carreteras, a fin de mejorar la seguridad de los usuarios y preservar el patrimonio público viario.
El contrato se ha dividido en los siguientes lotes, de 42.000 km cada uno:
Los trabajos que desarrollar serán los siguientes:
Tras la realización de estos trabajos, se presentarán los resultados en informes divididos por unidades de gestión de carreteras en dos formatos: servicio web descargable en formato pdf y sistema de almacenamiento de datos e imágenes para su explotación por la Dirección General de Carreteras.
Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 6.200 millones de euros en toda España desde junio de 2018, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.
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