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Plan de medidas antifraude PRTR del MITMA

La creación del programa Next Generation EU, aprobado por el Consejo Europeo en el año 2020 y dotado con 750.000 millones de euros, es la mayor muestra del esfuerzo realizado por la Unión Europea para responder de manera conjunta y coordinada a una de las peores crisis sociales y económicas de nuestra historia reciente y ayudar a los Estados miembros a reparar los daños causados por la pandemia de la COVID-19.

El instrumento principal del programa es el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con un total de 672.500 millones de euros (312.500 destinados a transferencias no reembolsables a favor de los Estados miembros y 360.000 previstos para préstamos a éstos) que, junto con la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, está llamado a impulsar reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo.

En respuesta al requerimiento realizado a los distintos Estados miembros para poder acogerse al MRR, el 30 de abril de 2021, el Gobierno de España presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “Plan España Puede” (PRTR), que fue aprobado por el Colegio de Comisarios UE el 16 de junio de 2021 y, finalmente, el 13 de julio del mismo año por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN).

A través de dicho Plan y a lo largo de seis años (hasta 2026), casi 140.000 millones de euros (69.528 como transferencias no reembolsables y, potencialmente, más de 70.000 a modo de préstamos del MRR) supondrán, junto a los fondos procedentes de los restantes instrumentos financieros conformadores del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, un volumen de inversión superior al de cualquier otro momento de nuestra historia, con cuatro objetivos principales claros: la transición ecológica; la transformación digital; la cohesión social y territorial; y la igualdad de género.

A partir de las cuatro transformaciones que constituyen el centro de la estrategia de política económica del Gobierno de España (la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género), el PRTR se estructura en diez políticas tractoras, que inciden directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social.

Dichos componentes suponen una financiación total procedente del MRR que se eleva a 20.023 M€. De ellos, 16.723 M€ serán gestionados por el MITMA (4.536 en el marco del C1, 5.520 en el del C2 y 6.667 en el del C6), correspondiendo la gestión de los otros 3.300 M€ al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, se destinan más de 13.200 millones de euros a movilidad sostenible y 6.820 a políticas relacionadas con la vivienda y la agenda urbana y rural, cifras que en su conjunto suponen el mayor volumen de fondos MRR asignados a un Ministerio.

Plan antifraude del MITMA

El proceso de ejecución de fondos debe llevarse a cabo, en aplicación de, entre otras normas comunitarias, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR (en adelante, Reglamento UE MRR), cuyo artículo 22 establece que “Al ejecutar el Mecanismo, los Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. (...)".

Por su parte, el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, dispone que, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho artículo 22, toda entidad, decisora o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un “Plan de medidas antifraude”, que le permita garantizar y declarar que, en su ámbito de actuación, los fondos han sido utilizados conforme a las normas aplicables, en particular, en lo que hace a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En cumplimiento de lo anterior, con fecha de ayer el Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado el Plan antifraude del Departamento, que, de acuerdo con la orden ministerial anteriormente mencionada, tiene condición de Entidad tanto decisora como ejecutora en el marco de la gestión del PRTR.

Reforzar la concienciación frente al fraude

El Plan compendia las actuaciones que MITMA va a aplicar para reforzar la concienciación frente al fraude y el conflicto de interés, así como respecto a la importancia de identificar los riesgos de que se produzcan, junto a las medidas y los instrumentos organizativos que complementarán los procesos, sistemas y herramientas ya existentes para su gestión, prevención, detección y, en su caso, sanción.

El objetivo es reforzar, dentro de la organización, una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, garantizando el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de los eventuales supuestos que pudieran llegar a darse.

En definitiva, como se destaca en la Declaración institucional del Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que sirve de Preámbulo al Plan, MITMA tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y establece un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar los actos de fraude y corregir su impacto, si llegan a producirse.

Como elementos destacados del Plan cabe señalar la previsión de una estructura organizativa basada en la existencia de un órgano colegiado intraministerial (Comité antifraude) y de una Unidad a la que se le atribuirán las funciones de control interno. Se prevé igualmente que dicho control interno será llevado a cabo en base a un plan específico sobre la materia, cuya aprobación corresponde a la persona titular de la Dirección General de Organización e Inspección.

Enlaces de interés

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Estas diez políticas tractoras, a su vez, se desarrollan sobre la base de un total de treinta componentes, tres de los cuales son liderados por el MITMA:

  • Componente 1, “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”.
  • Componente 2, “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”.
  • Componente 6, “Movilidad sostenible, segura y conectada”.