Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Hoy, en el Consejo de Ministros

El Gobierno actualiza el Régimen Especial de las Illes Balears y consolida el sistema de ayudas al transporte de Fomento en el archipiélago

  • Se afianza el vigente régimen de ayudas al transporte de residentes por vía marítima y aérea, incluyendo el reciente aumento de la bonificación de las tarifas al 75% en los trayectos con el resto del territorio nacional.
  • Se consolidan también el resto de herramientas que se aplican desde el Ministerio de Fomento para paliar los efectos que la insularidad supone para la movilidad en el archipiélago, como las subvenciones al transporte de mercancías o la bonificación de las tasas aeroportuarias o portuarias.

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha actualizado mediante la aprobación de un Real Decreto-ley el Régimen Especial de las Illes Balears, que se encontraba sin actualizar desde 1998, año en el que se publicó la Ley 30/1998 del Régimen Especial de las Illes Balears.

De esta forma, se consolida el vigente régimen de ayudas al transporte de residentes por vía marítima y aérea, incluyendo el recientemente aprobado aumento de la bonificación de las tarifas al 75% en los trayectos con el resto del territorio nacional.

El objetivo de este nuevo Real Decreto-ley, en materia de transporte, es la consolidación de todo el sistema de ayudas al transporte que actualmente aplica el Ministerio de Fomento en las islas, evitando así que sigan dependiendo de la variabilidad de los Presupuestos Generales del Estado de cada año y asegurando un derecho fundamental para los ciudadanos de Baleares.

La insularidad conlleva unos sobrecostes de transporte que han de soportar los ciudadanos residentes en dichas regiones y que suponen una desventaja competitiva para las empresas radicadas en las Islas Baleares.

En esta línea, el Régimen Especial aprobado consolida los porcentajes de las tarifas que actualmente son subvencionados por el Ministerio de Fomento en los viajes aéreos y marítimos para los residentes en el archipiélago y recoge la obligación que asume la Administración General del Estado de garantizar unos servicios marítimos y aéreos de calidad. Así, se aplica el sistema de Obligaciones de Servicio Público (OSP) y se  financia, cuando es necesario, el déficit de explotación de las conexiones.

La regulación del transporte se completa con una serie de medidas complementarias en materia portuaria y aeroportuaria, previendo la posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones sobre las tasas portuarias y aeroportuarias para mejorar y reforzar la demanda en el tráfico aéreo y marítimo, o el mantenimiento de la calificación de los puertos y aeropuertos de interés general y el desarrollo consiguiente de inversiones necesarias en los mismos.