La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado hoy, en Barcelona, que Mitma va a lanzar la segunda convocatoria de las ayudas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y Transformación del Transporte para municipios, en las próximas semanas, que supondrán 500 millones de euros más para completar el total de 1.500 millones para convertir las ciudades en espacios más sanos, seguros y amables con políticas de movilidad.
La titular de Mitma ha participado en el Foro de la Movilidad, organizado por El Periódico de Catalunya, donde ha explicado la importancia que el Ministerio otorga a las políticas en materia de movilidad sostenible y de Agenda Urbana, dado que transporte y movilidad son espacios de acción prioritarios para descarbonizar la sociedad.
En concreto para Cataluña, en la primera convocatoria se concedieron más de 200 millones para 41 ayuntamientos y el área metropolitana de Barcelona con los que potenciar la movilidad activa, electrificar los vehículos municipales y convertir sus ciudades en espacios más sanos, seguros y amables con políticas de movilidad.
A esto, hay que sumar los 155 millones que Mitma ya ha transferido a la Generalitat para la transformación de la movilidad dentro del ámbito de sus competencias con humanización de carreteras, parks and rides en las estaciones de Rodalies, estaciones de autobuses o software de gestión del transporte.
La titular de Mitma, en su intervención, también ha hecho una mención especial a las convocatorias para empresas con las que el Ministerio subvenciona con 580 millones de euros en toda España para que impulsen un transporte de mercancías sostenible y digital, así como los 22 millones de euros transferidos a la Generalitat, para que subvencione la renovación de flotas de transporte por carretera de viajeros y mercancías.
En este sentido, la ministra ha puesto en valor la nueva Ley de Movilidad Sostenible, como herramienta para dar respuesta los retos de la movilidad y del transporte del siglo XXI, y que supone un cambio radical de enfoque dado que reconoce por primera vez la movilidad como un derecho del ciudadano. Además, con esta ley se pretende reducir ineficiencias en el gasto en inversiones públicas, incrementar la productividad de las empresas hasta un 3,3% en un período de 10 años y, dentro del respeto al marco competencial, tendrá efectos positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia.
La ley de Movilidad es un hito imprescindible para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en poco tiempo empezará su recorrido parlamentario, ha apuntado la responsable del Departamento.
Raquel Sánchez ha hecho hincapié en que Mitma ha movilizado ya el 60% de los fondos europeos de recuperación que tiene encomendados, un trabajo reconocido por la propia Comisión Europea.
Así, ha destacado la inversión directa del Grupo Mitma, especialmente en el impulso al ferrocarril porque, según la ministra, el tren debe ser protagonista de la movilidad sostenible y la mejor estrategia es la intermodalidad, algo que el Ministerio pretende conseguir con la plataforma Renfe As a Service, con la reforma de estaciones, el diseño de nuevos trenes más accesibles y con espacios para bicicletas.
En lo que se refiere a Cataluña, el Ministerio está invirtiendo más de 1.000 millones de euros, y en concreto, 430 millones de ellos en Rodalies.
Raquel Sánchez ha calificado al transporte público como una de las opciones más convenientes para alcanzar una movilidad segura. Para ello, no solo basta buenas infraestructuras sino también una apuesta decidida por cadenciar horarios de trenes y autobuses, estaciones intermodales, o el desarrollo de plataformas digitales.
También diseñar un sistema tarifario justo y viable y, en este sentido, la Ley de Movilidad contempla un capítulo para ordenar la financiación del transporte público urbano de forma equitativa y sostenible en todo el territorio.
Para dar respuesta a la coyuntura actual, el Gobierno de España ha previsto los recursos necesarios para que Comunidades y Ayuntamientos puedan reducir el 30% de los abonos de transporte público colectivo de su competencia, y la reducción del 50% en los títulos de competencia estatal. Con ello, se pretende un trasvase del vehículo privado al transporte público que aliviará los presupuestos de muchas familias y también supondrá una reducción de las emisiones contaminantes.