La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado la elección de la ruta aérea Menorca-Barcelona para que forme parte del proyecto piloto de declaración de obligación servicio público (OSP) aéreo con limitación de precio, ante el incremento que están experimentando los precios de los billetes en las conexiones entre la Isla y la Península. La iniciativa “piloto”, que espera que pueda estar aprobada este verano, establecerá así una tarifa máxima en la ruta entre Menorca y Barcelona con el objetivo principal de evitar “picos” de precios muy altos, y siempre condicionado a no suponer una intervención excesiva en el mercado ni a afectar a la conectividad.
“El diseño del proyecto, que llevamos a cabo simultáneamente en Baleares y Canarias, lo tenemos ya bastante avanzado y ya hemos comenzado los contactos con las compañías aéreas y continuaremos, por supuesto, con las consejerías afectadas de las dos comunidades con quienes ya hemos mantenido las primeras conversaciones y estamos trabajando para poder aprobarla en verano”, ha avanzado la ministra en una rueda de prensa celebrada tras mantener una reunión con la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, con la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, y con el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.
Tal y como ha apuntado, se trata de “un proyecto sensible porque representa una excepción a las reglas del mercado de Unión Europea en materia de transporte aéreo”. “Por ello, necesitamos no sólo acertar de forma precisa en los términos y condiciones de la futura OSP para garantizar el mantenimiento de la conectividad, sino que también precisamos de un consenso con todos los actores implicados para garantizar su éxito”, ha agregado.
Así, este proyecto piloto analizará el comportamiento del mercado y evaluará sus resultados durante el período que se determine de duración, y permitirá avanzar posteriormente con un conocimiento preciso, evitando tomar medidas que tengan efectos indeseados en una materia tan importante como la conectividad en las islas.
Mejoras de las OSP
En relación con la OSP de otras rutas aéreas de la isla, la ministra ha informado que se está trabajando en el nuevo contrato de la OSP Maó-Madrid que comenzará en noviembre de 2023. “Vamos a introducir modificaciones de la OSP actual que está alcanzando altísimas cotas de ocupación, para aumentar el mínimo de frecuencias en periodos festivos y, a propuesta del Govern”, ha apuntado. En concreto, se establecerá un mínimo de tres frecuencias diarias, que deberá cumplirse en fechas señaladas como la Constitución, Navidad, San Antoni o Semana Santa, y se aumentarán las plazas ofertadas en 5.000 al año, de 74.000 a 79.000.
Además, ha explicado que se introducirá la obligatoriedad de prestar el servicio de acompañamiento de menores, un servicio que también se está analizando incluir como obligatorio en las OSP interbaleares, lo que exige una modificación de la normativa vigente.
Garantizar la conectividad de las Islas
Para la ministra es esencial garantizar la conectividad y la movilidad en las Islas Baleares y que las conexiones con la península se desarrollen en términos de igualdad y equidad, sin olvidar la sostenibilidad. Al respecto, ha incidido en que todas las infraestructuras del transporte y la movilidad promovidas desde el Ministerio “tienen como premisa esencial la de colaborar a la descarbonización de los transportes y la de cumplir con los más rigurosos criterios de sostenibilidad medioambiental para minimizar su impacto en el entorno”.
En este contexto, ha recordado los 76 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se están invirtiendo en Baleares en movilidad sostenibilidad, desde la creación de Zonas de Bajas Emisiones tanto de competencia autonómica como de los ayuntamientos, hasta la digitalización del transporte o la transformación de flotas.
Asimismo, ha mencionado las inversiones directas de Mitma, que ascienden a 21 millones de euros, que se destinarán a la reducción de emisiones en los puertos de titularidad estatal en el archipiélago, así como a reforzar los programas de ENAIRE de Cielo Único para contribuir a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera gracias a la optimización de las rutas aéreas.
Transporte público
Por otro lado, la ministra ha asegurado que está muy avanzado el Convenio para la financiación del Tranvía de Palma. A su juicio, se trata de “una infraestructura puntera que tendrá una gran relevancia para la ciudad y un gran impacto en materia de sostenibilidad, pues permitirá aumentar hasta el 60% la cuota modal del transporte público”.
Asimismo, ha hecho hincapié en su apuesta por el transporte público, destacando los 43 millones para Baleares con el objetivo de cubrir el 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo.
Además, respecto a las bonificaciones al transporte público, ha recordado los casi 825 millones de euros transferidos para las bonificaciones al transporte de residentes desde 2018 y que en 2023 se ha aumentado la partida un 5% más que en 2022 para dichas bonificaciones, con 272 millones de euros.
Vivienda asequible
Otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido la necesidad de impulsar medidas en Baleares ante la tensión del mercado inmobiliario del alquiler. En su intervención, la ministra ha recordado que hay abiertas varias líneas de trabajo para poner en el mercado un número muy significativo de viviendas de alquiler asequible.
En concreto, se ha referido a las ayudas contempladas en el Plan Estatal 2022-2025, mediante el que se han destinado casi 17 millones de euros a Baleares en los dos últimos años, los fondos del Plan de Recuperación para aumentar el parque público en alquiler y las actuaciones que SEPES, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio, tiene en marcha en Baleares, tales como la construcción de 1.066 viviendas para alquiler asequible, como las que se levantarán en Can Escandell en Ibiza y las de Son Busquets en Mallorca.
A estas medidas se suman casi 10 millones de euros destinados a las ayudas el Bono de Alquiler joven para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler.
Acto primera piedra en Es Castell
En este contexto de apuesta por facilitar el acceso a una vivienda digna, la ministra ha presidido el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de 35 viviendas públicas en edificios energéticamente eficientes destinadas a alquiler asequible en el municipio menorquín de Es Castell.
Tal y como ha explicado la ministra, estas viviendas serán “una realidad a lo largo del verano de 2024”. “Avanzamos en nuestro empeño de poner soluciones con obras concretas que reviertan la tensión del mercado del alquiler aquí en Baleares”, ha recalcado la responsable de Mitma durante la celebración del acto.
Esta promoción de viviendas, ubicada en el solar situado en la calle Pintor Vives de la Urbanización de Santa Anna de Es Castell, se llevará a cabo por el Gobierno balear, a través del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) y cuenta con una inversión estimada de 9,5 millones de euros, de los que Mitma aportará casi 1,3 millones de euros de los fondos europeos NextGenerationEU.
Esta promoción se ejecuta en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que, tal y como ha incidido la ministra, “va a actuar como una auténtica palanca para revertir las dificultades en el acceso a la vivienda y como potenciador de la actividad económica”. Dicho Plan “supone la transferencia de algo más de 124 millones de euros” para Islas Baleares con el compromiso de rehabilitar 8.737 viviendas y sus entornos residenciales, así como de construir 492 viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
En concreto, la promoción de las viviendas de Es Castell forma parte de los acuerdos suscritos entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Islas Baleares en noviembre de 2022, en el marco del programa de construcción de viviendas en alquiler asequible del PRTR, mediante los que se destinan 24,6 millones de euros para 35 promociones que sumarán un total de 752 viviendas públicas para alquiler asequible ubicadas en 24 municipios.
“El disfrute de una vivienda digna permite a las personas poner en marcha un proyecto de vida ya sea personal, familiar o profesional. Su carencia es, a menudo, la puerta de entrada a la vulnerabilidad, a la pérdida de otros derechos básicos”, ha expresado Raquel Sánchez.